Esta mañana, concejales del Frente Cambia Mendoza realizaron una conferencia de prensa brindando detalles de una denuncia penal que se radicó contra el intendente de San Martín, Jorge Omar Giménez. Los ediles lo acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible malversación de fondos mediante la utilización de fotomultas.
Según los concejales, tras una investigación que comenzó hace cuatro años, quedó comprobado el fin recaudatorio de los polémicos radares que funciona sobre la Ruta 7 y aseguran que viola disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La denuncia penal ya se presentó y también lo hicieron en Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y la Oficina de Ética Pública. Desde el 2015 hasta fines de 2018 se han hecho infracciones por 1100 millones de pesos.
Un largo pedido para acceder a la información
“No estamos de acuerdo con el procedimiento que se realiza para la toma de foto multas, hay muchas irregularidades, antes no lo podíamos comprobar pero hoy tenemos los expedientes aquí sobre la mesa. Hemos hecho muchos pedidos de informes hasta que hemos podido obtener la información gracias a la ley de acceso a la información pública”, explicó el edil Daniel Llaver.
“Solicitamos el contrato por la tercerización del sistema de foto multa y recibimos todos los expedientes. Hemos encontrado que de la forma que se aplica este sistema en San Martin, es irregular. Se está violando la ley nacional de tránsito, que dice que no se puede otorgar ningún tipo de porcentaje a la empresa contratista, y hoy la comuna le entrega el 70% a Systeco y se queda con el otro 30%”.
A su turno, el concejal Sergio Dubé, recordó: “En el año 2015 hicimos el pedido del expediente sobre el funcionamiento del sistema de foto multas. Recién el 28 de mayo de este año obtuvimos la información solicitada. El único fin que tiene este sistema es recaudatorio ya que entra más dinero por este sistema que por los otros tipos de impuestos. La comuna ya se ha llevado a fines de 2018, 69 millones de pesos y Systeco 160 millones gracias a este sistema de caza bobos”.
“El sistema de carteles es una trampa y las autoridades no se hacen presentes para detener a los conductores luego de 10 km e informarles de la multa que se les aplicará”, agregó Dubé.
Averiguación de delito
Además Dubé detalló que la denuncia penal presentada está caratulada como averiguación de delito y que fue presentada ante la oficina de Asuntos Judiciales y Ética Pública, Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Entre los puntos principales de la denuncia los concejales explicaron que “al dar con el expediente vimos que es la propia comuna la que pide, firmada por sus máximas autoridades, que no detenga a los conductores, aunque parezca increíble, porque se van a realizar menos multas. Se pierde mucho tiempo, así que no los detengan, dejemos que vengan a 200 kilómetros por hora, violando así la ley nacional de Tránsito”.
Entre las diferentes leyes que se violan con el sistema de foto multas de San Martín, el concejal Sergio Dubé indicó que “se incumple el artículo 70, inciso D, de la Ley nacional 24449 en la no detención del infractor; se incumple la disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en su Resolución Nº 294 sobre la cartelería; se incumple el artículo 70 del Decreto 779/95 reglamentaria de la Ley Nacional de Tránsito, sobre la notificación dentro de los 10 kilómetros posteriores a la infracción”.
Aparte Dubé citó “al Juzgado Nº2 de Paraná, a cargo del juez Federal Daniel Edgardo Alonso, quien determinó en su fallo que el infractor debe ser informado al momento de la infracción. Se violan disposiciones como la 294 sobre los lugares en donde no se pueden ubicar los radares”.
Modificar la implementación del sistema
“Este mismo sistema se podría implementar bien, como corresponde, porque todos queremos un mejor tránsito, menos accidentes y que prevalezca la prudencia. Pero así como funciona sólo es una trampa que sirve para recaudar. En 30 días hemos encontrado un montón de antecedentes de que esto es ilegal”, agregó el concejal del Frente Cambia Mendoza.
Para cerrar, Dubé señaló que “si se llegara a determinar que esto es ilegal estaríamos hablando de uno de los mayores escándalos de caza bobos que se haya visto en la República Argentina. Fue el Tribunal de Cuentas el que tuvo que intimar a la Municipalidad para que mostrara los números que no existían. Vamos a ampliar la denuncia en la Justicia”.
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