El intendente de San Martín, el radical Raúl Rufeil, eliminó los controles de tránsito sobre la ruta 7 por considerarlo que representaba "un negocio recaudatorio para la empresa que lo explotaba". Así lo confirmó el municipio a través de un comunicado de prensa en sus redes sociales.
Lo cierto es que el contrato con la empresa Systeco (Sistemas y Servicios Tecnológicos de Control), de Entre Ríos, venció en setiembre y no se renovó, pero la comuna lo hizo público a cuatro días de las elecciones.
Más allá que el contrato venció hace dos meses, las fotomultas dejaron de aplicarse desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, aquellas multas que fueron labradas, los conductores deberán pagarlas o completar el plan de pagos. Ante cualquier duda por este tema, deberán comunicarse al 263-4259707, 263-4420074 o 4428214, internos 120 o 173.
Cabe recordar que las fotomultas fueron impulsadas por el ex intendente Jorge Giménez el 14 de mayo de 2015, cuando se firma el primer contrato de concesión a la empresa Systeco, la única oferente que se presentó a la licitación pública 116/2014, para "proveer un sistema de control electrónico de las infracciones de tránsito por exceso de velocidad" mediante la adquisición de tres radares.
Según el convenio celebrado, el municipio le asignó el 60% (inicialmente fue del 70%) de la recaudación percibida por las infracciones cobradas, lo que estaba expresamente prohibido por la Ley Nacional de Tránsito 26.353. Al igual que tampoco cumplía con la detención e individualización del supuesto infractor.
Por este motivo, a pocos meses de las elecciones municipales de setiembre de 2019, los concejales radicales denunciaron penalmente a Giménez por incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible malversación de fondos por la implementación del sistema de radares y fotomultas.
A esta conclusión llegaron los ediles de Cambia Mendoza tras detectar una “larga lista de irregularidades” y un contrato “plagado de vicios” en la concesión del servicio para el control del exceso de velocidad en la Ruta nacional 7.
Ariel Rodríguez, director de Tránsito y Policía Vial comentó al respecto que: “Las palabras del intendente han sido exactas. Aquí no hablamos de ilegalidad sino de finalidad recaudatoria, es decir que la manera en que se implementó y los lugares que se eligieron para las fotomultas no nos parecían preventivos”.
El funcionario recordó que “ponían el control en una zona de la ruta 7 con 80 kilómetros por hora de máxima, en un retorno fuera de la zona urbana de San Martín. Durante esta gestión modificamos la ubicación y pusimos el control en la zona urbana de la ruta 7, con una máxima de 110 kilómetros por hora. Eso sí, creemos que ha sido preventivo”.
Otro punto a tener en cuenta es la forma y lugares donde se ubicaban los puestos de control. En este sentido, según la disposición 294/10 del Protocolo de Fiscalización y Control, los concejales denunciaron a Giménez que “todas las actas realizadas habrían estado viciadas de ilegalidad, ya que muchas veces los operativos estaban apostados ilegalmente en retornos de la ruta 7 y en entradas o salidas de puentes”.
Un negocio multimillonario
De acuerdo a los datos extraídos de la cuenta general del último ejercicio contable de la gestión de Jorge Giménez, según el expediente 3.066/19, se habían labrado multas por un total de $1.142.918.796. De esa cuantiosa cifra, se habrían cobrado $230.804.296, de los cuales $69.241.289 habrían ingresado a las arcas municipales y $161.563.007 ya había percibido la empresa Systeco.
Pasando en limpio, Systeco acrecentaba sus ganancias en la medida en que aumentaban las infracciones de tránsito, tornando represivo y recaudatorio al sistema, en manifiesta oposición a la finalidad educativa y preventiva que prevén las leyes nacionales y provinciales de tránsito vigentes.
Systeco fue denunciada hasta en su provincia de origen
Al asumir el gobernador peronista de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el Gobierno provincial revocó “de oficio” por “ilegitimidad” tanto la licitación como el contrato de adjudicación que había llevado adelante su antecesor, Sergio Daniel Urribarri (PJ), durante su gestión de gobierno hasta diciembre de 2015.
Así quedó plasmado en el dictamen 0293/17, fechado el 19 de abril de 2017 y firmado por Pablo Gianini, uno de los fiscales adjuntos de la Fiscalía de Estado. A través de ese documento se precisó que en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial, al que adhirió Entre Ríos, se dispuso que la autoridad de aplicación sería la Agencia Nacional de Seguridad Vial: el único organismo habilitado para instalar y operar sistemas de control de infracciones en caminos, rutas y autopistas.
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